En la tarde del miércoles, 4 de diciembre, en la sede del Ministerio de Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se firmó un importante convenio entre el fiscal general de Neuquén, José Gerez, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari, y el vocal Alfredo Elosu Larumbe, junto al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. El acuerdo busca coordinar la implementación de un Plan Estratégico de Persecución Penal y programas destinados a fortalecer el servicio de justicia en la provincia.
El convenio establece un marco de cooperación interinstitucional para trabajar en el intercambio de información, capacitación conjunta y desarrollo de proyectos específicos. Según las autoridades, estas acciones permitirán mejorar el abordaje de las causas de criminalidad y promover la innovación en el sistema judicial. En este contexto, Gerez destacó que el acuerdo implica “un avance conjunto entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio de Justicia para diseñar un manual de políticas de persecución penal orientado al microtráfico de drogas”.
La iniciativa cobra especial relevancia ante la decisión del gobernador Rolando Figueroa de que Neuquén asuma, a partir del próximo año, las investigaciones relacionadas con el narcomenudeo. Gerez explicó que este manual será fundamental para establecer pautas claras sobre qué investigar, a quiénes y cómo y así optimizar el trabajo diario de los fiscales en estos casos.
Por su parte, Gennari subrayó que el convenio refleja el compromiso de las autoridades con el combate al narcomenudeo en la provincia. Además, anunció que el 19 y 20 de diciembre se realizará un encuentro en Neuquén con expertos del Ministerio de Justicia de la Nación para definir estrategias específicas de abordaje. Además, el TSJ se encargará de capacitar al personal y supervisar las actividades relacionadas con la implementación del plan estratégico.
Este convenio también se enmarca en la discusión legislativa sobre la adhesión de Neuquén a la Ley Nacional 26.052, que permite traspasar la competencia de estos delitos del ámbito federal al provincial. Según los firmantes, se trata de un paso clave para afrontar con mayor eficacia el desafío del microtráfico en la región y garantizar una respuesta judicial más cercana y efectiva.
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