La Justicia ratificó la suspensión el decreto de Milei que avanzaba en la privatización del Banco Nación

La privatización del Banco Nación quedó en suspenso tras la decisión del juez federal Alejo Ramos Padilla de frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 116/2025, con el que el presidente Javier Milei buscaba convertir la entidad en una Sociedad Anónima. La medida se dio en el marco de un amparo colectivo y establece un plazo de seis meses para su suspensión, bloqueando así cualquier intento inmediato de venta del banco estatal.

El magistrado fundamentó su fallo en la necesidad de que cualquier modificación en la estructura jurídica del Banco Nación pase por el Congreso. “El Banco de la Nación Argentina es una entidad cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es este poder el único que puede revocar su carácter”, expresó Ramos Padilla en su resolución.

La Justicia suspendió el decreto de Milei que avanzaba en la privatización del Banco Nación

El freno judicial representa un golpe para el plan de reformas del Gobierno, que busca privatizar empresas estatales a través del DNU 70/2023 y la Ley de Bases. La paralización del decreto generó alivio en diversos sectores, especialmente en gremios y economistas, que advertían sobre el impacto que tendría la privatización en la financiación de pequeñas y medianas empresas, el sector agropecuario y familias que dependen del crédito público.

El Banco Nación, con más de 130 años de historia y una red de 700 sucursales en todo el país, es la entidad financiera pública más importante de Argentina. Su conversión en Sociedad Anónima podría haber significado el cierre de sucursales en localidades no rentables para el sector privado y una posible descapitalización de la entidad, según alertaron analistas económicos.

El fallo de Ramos Padilla refuerza la postura de quienes sostienen que la transformación del Banco Nación pondría en riesgo su función social y económica, priorizando la rentabilidad sobre el financiamiento del desarrollo productivo. Mientras tanto, el Gobierno evalúa posibles acciones para insistir con su plan de reformas, en un contexto de creciente resistencia política y judicial.