Pidieron 3 años y 8 meses de prisión para Aníbal Fernández por la causa Fútbol para Todos

El juicio por las presuntas irregularidades en el programa televisivo "Fútbol para Todos" sumó un capítulo decisivo con el pedido de condena contra los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich. El fiscal Miguel Ángel Osorio, acompañado por la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Andrea Garmendia, solicitó penas de prisión efectiva e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por maniobras de desvío de fondos que, según la acusación, se llevaron a cabo entre 2009 y 2015.

Para el caso del exministro de Seguridad, la fiscalía pidió tres años y ocho meses de prisión junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al entenderlo como autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y violación de los deberes de funcionario público. La pena solicitada para Aníbal Fernández se distingue de la de Capitanich, cuya solicitud fue de dos años y ocho meses de prisión, más una inhabilitación especial equivalente al doble de la condena pedida.

Según esta acusación, ambos actuaron en connivencia con autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y permitieron un uso político de un programa que originalmente había sido presentado como una política de acceso gratuito a los partidos de fútbol argentino. Esto quiere decir que hay otros dirigentes y empresarios vinculados en esta operación ilegal.

 El Fútbol para Todos nació en 2009 y tuvo vigencia hasta 2017.
Luis Segura, expresidente de la AFA, es el señalado como responsable de irregularidades en la administración y por eso pidieron una condena en suspenso para él. Natale Rigano, exdirectivo de Iveco, aparece como partícipe necesario en el manejo de contratos publicitarios con sobreprecios y beneficios fuera de mercado. Según la acusación, estas maniobras se tradujeron en desvíos millonarios que afectaron directamente a las arcas del Estado y de los clubes con la participación necesaria del político.

Los fiscales reclaman, además, una restitución de 456 millones de pesos actualizados a los valores de hoy con su respectiva inflación. Estos fondos habrían sido desviados a través de la Fundación El Futbolista, por lo que también pidieron un decomiso de 131 millones vinculados a contratos irregulares con Iveco, considerando que fue una publicidad permanente en las transmisiones deportivas y ese monto iría destinado al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).