El país logró una nueva victoria en el caso del Cupón PBI, rechazando el pedido de revisión de los demandantes. Este fallo se suma a otro reciente revés judicial para los fondos que demandan por la expropiación de YPF.
La República Argentina obtuvo otro fallo a favor en tribunales internacionales, en este caso en los Estados Unidos, relacionado con el litigio por el Cupón PBI, una emisión de bonos vinculados al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). El fallo reafirma la decisión que rechaza el reclamo de bonistas que acusan al país de manipular las cifras del INDEC durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El caso del Cupón PBI: manipulación de cifras y reclamos judiciales
Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de los bonistas del caso "Aurelius", conocidos por su disputa en torno al Cupón PBI, de revisar la decisión tomada en julio de 2024. En ese fallo, la jueza Loretta Preska había determinado que los demandantes no habían cumplido con la cláusula de "no acción" prevista en los contratos.
El litigio se originó por la falta de publicación del dato del PBI del último trimestre de 2013, tras un cambio metodológico en el INDEC, que dejó el crecimiento anual del PBI en 3,2%, justo debajo del 3,3% necesario para activar el pago de los bonos. Esto generó demandas internacionales, tanto en Londres como en Nueva York, aunque la corte estadounidense ratificó el fallo a favor de la Argentina.
Implicaciones del fallo y el compromiso de la Procuración del Tesoro
El fallo en Nueva York reafirma una reciente victoria para la Argentina, evitando una obligación de pago estimada en USD 500 millones. Esta decisión se suma al revés judicial sufrido por los fondos demandantes en Irlanda en relación con la expropiación de YPF.
La Procuración del Tesoro, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, expresó su compromiso de defender los intereses de la Nación: "La Procuración del Tesoro reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses de la Nación y los ciudadanos en todos los procesos judiciales".
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