Pasaron más de dos años desde que los neuquinos recibieron las primeras noticias. La “estafa de los planes sociales” es tal vez una de las demostraciones de impunidad, de las pocas que llegaron a la justicia, más importantes de la historia. “Mega – estafa”, “robo millonario” y “el robo a los pobres” fueron algunas de las denominaciones más comunes utilizadas para retratar la dimensión de la causa. Se trató de una maquinaria organizada al detalle para que los subsidios públicos a los más necesitados se transformen en un saqueo sistemático a favor de los funcionarios involucrados. Esta semana, la justicia determinó las penas que corresponden a los doce acusados considerados culpables. El gusto a poco que dejó la sentencia no solo indignó a la opinión pública, el propio gobernador Rolando Figueroa puso el grito en el cielo e instruyó a la fiscalía de Estado para exigir una revisión de las tenues sanciones.
El tribunal, compuesto por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, determinó que, en la provincia, sustraer del erario mil doscientos millones de pesos no es tan grave como la mayoría de los neuquinos piensa. Solo doce de los acusados recibieron condena y apenas ocho de ellos deberán cumplir prisión efectiva. El último dato desalentador provino de la cantidad de años determinados por la sentencia. Las penas oscilan entre los tres y los cinco años. Plazos que con buena disciplina y algo de destreza jurídica podrían transformarse en breves periodos de reclusión y prisión domiciliaria.
El gobernador Rolando Figueroa reaccionó a la noticia con indisimulado disgusto e instruyó a la Fiscalía de Estado para apelar la decisión del tribunal en la búsqueda de mayores castigos. Desde el gobierno de la neuquinidad entienden que la figura de “administración fraudulenta agravada” es por lo menos insuficiente y buscarán que se avance en la evidencia de la prueba para determinar asociación ilícita. “Que se examine nuevamente la acusación por Asociación Ilícita, tal como se sostuvo durante todo el proceso. La valoración integral de la prueba permitió identificar una dinámica organizada, sustentada en un entendimiento previo entre varios intervinientes…” expresa el comunicado con el cual la Fiscalía de Estado notificó su decisión de apelar ante el fallo.
La reacción del gobernador no debería resultar sorpresiva. Buena parte de la prédica del gobierno neuquino se resume, desde sus inicios, en la “la tolerancia cero ante la corrupción”, “una provincia más justa” y “el cuidado del recurso público”. De allí que entre las exigencias que desde el ejecutivo se presentarán ante la justicia, se encuentre la inminente necesidad de que los neuquinos recuperen lo robado. Tecnicismos al margen, se trata de una pulseada entre el poder judicial y el poder ejecutivo para dirimir que tan grave es y cuánto debería combatirse la corrupción en la provincia.
Los niveles de corrupción en la provincia siempre fueron elevados. En contadas oportunidades, internismos políticos mediante, los casos alcanzan a ser judicializados, y en muy escasas ocasiones, los involucrados pagan el precio de los inexplicables niveles de vida que despliegan ante el conjunto de la ciudadanía. No solo el enriquecimiento personal de muchos que pasan por el poder es un dato obvio para cualquier observador más o menos atento. La maquinaria de las grandes estructuras políticas evidenció durante años sus extrañas capacidades financieras durante las campañas electorales. El clientelismo político en todos sus niveles, “chapa por votos”, empleo público, y direccionamiento de dulces licitaciones, se mezclaron hasta naturalizar el reparto de la caja como criterio central en la construcción de poder.
La estafa con los planes sociales se inscribe en la nómina de la corrupción desde una singularidad: la forma explícita, desfachatada y directa con la cual el enriquecimiento personal y el financiamiento político se combinaron artesanalmente con el clientelismo. Un caso que bien tratado, podría transformarse en el antes y el después de una historia larga y conocida sobre la corrupción en la provincia. Un caso que de tomarse con la ligereza que insinúan las penas dictadas por el tribunal, podría perpetuar esa idea tan triste. La idea de aceptar que los recursos de los neuquinos pertenecen en realidad a quienes los administran y cualquier práctica, por oscura que sea, puede encontrar disimulo e indulto en algunos escritorios del poder judicial.
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