La trastienda de la Acordada 24/2026: La pulseada por el control de las designaciones judiciales en la provincia

El Poder Judicial de Tierra del Fuego atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de su historia reciente. En un nuevo intento por resolver un inédito choque de atribuciones, el Consejo de la Magistratura busca destrabar el conflicto que mantiene con el Superior Tribunal de Justicia (STJ), originado por la polémica designación y posterior freno de la asunción de una magistrada para los tribunales de la capital provincial.

La disputa escaló a niveles de alta tensión política y legal, exponiendo una pulseada de fondo sobre las facultades constitucionales de cada organismo para designar y poner en funciones a los miembros de la magistratura fueguina.

El origen del choque: La Acordada 24/2026

La controversia se desató tras el proceso de selección llevado adelante por el Consejo de la Magistratura —presidido actualmente por la jueza Edith Miriam Cristiano—, en el cual se dispuso la designación de la Dra. María Elena Guerrero para cubrir una vacante judicial clave.

Sin embargo, en una jugada que sacudió los cimientos del Palacio de Justicia, los jueces del Superior Tribunal, Javier Muchnik, Gonzalo Sagastume y María del Carmen Battaini, emitieron la Acordada STJ Nº 24/2026. Mediante esta resolución, la máxima corte provincial bloqueó de manera directa la toma de juramento de Guerrero, intentando dejar sin efecto la medida del Consejo.

La respuesta del Consejo: Defensa de su autonomía

Lejos de ceder ante la presión de la Corte provincial, el Consejo de la Magistratura —integrado también por representantes del Poder Ejecutivo, la Legislatura y los Colegios de Abogados— contraatacó con dureza en sus últimas sesiones. El cuerpo rechazó los argumentos del STJ y ratificó de forma unánime la validez legal de todo el concurso de selección.

A través del Acta Nº 646, el órgano ratificó su postura exigiendo formalmente al Superior Tribunal de Justicia el cumplimiento de la designación original y la inmediata derogación de la Acordada 24/2026 para permitir que la jueza asuma sus funciones.

Los principales ejes de la discusión técnico-política giran en torno a:

Límites de competencia: El Consejo defiende que la Constitución provincial le otorga la potestad exclusiva de seleccionar y designar magistrados.

Superposición de funciones: El STJ alega cuestiones administrativas y de superintendencia para retener la facultad de habilitar las juras de cargos.

Parálisis del juzgado: Mientras el conflicto formal continúa en despachos, la vacante en debate sigue sin titular regular, afectando el servicio diario de justicia.

Las reuniones y gestiones de las últimas horas apuntan a abrir canales de diálogo técnico para encontrar una salida elegante a la parálisis. Fuentes judiciales admiten que un conflicto prolongado de estas características daña la imagen pública de las instituciones y sienta un peligroso precedente jurídico en la provincia.

Se espera que en los próximos días se definan los términos de una mesa de concertación o un pronunciamiento que destrabe la jura de la Dra. Guerrero, devolviendo la normalidad al funcionamiento institucional del Poder Judicial fueguino.

Por lo menos, así lo veo yo... CONTINUARÁ