El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura emitió un documento en el que recomendó el rechazo legislativo al proyecto para el uso de armas no letales por parte de la Policía de la provincia, al entender que el texto carece, entre otras cuestiones, de un contexto legal, de respaldo teórico sobre lo que significan armas no letales y de un proyecto de política de seguridad pública.
El proyecto, por el que se propone que la fuerza provincial pueda utilizar las llamadas armas no letales (las pistolas Taser, por ejemplo), fue presentado por el diputado provincial del PRO, Marcelo Bermúdez, y ha generado un interesante cruce de opiniones. Ya se había expresado en contra del proyecto la Asamblea por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El Comité, con las firmas de Estefanía Buamscha (Presidenta), Roberto Samar (Vicepresidente), Pablo Scatizza, Silvia Couyoupetrou, Jorgelina González, Néstor Giménez, y Araceli Genco, efectuó un detallado estudio sobre el uso de las armas no letales en el mundo, en el que aportó abundantes argumentos. Por ejemplo, destacó un informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, quien en el informe anual de 1990 —ante la asamblea de Naciones Unidas— afirmó que el concepto de “armas no letales” cambió al de “armas menos letales”, las que “son en realidad letales y pueden provocar lesiones graves”.
En el proyecto de ley presentado por Bermúdez “se observa la ausencia de definición a qué tipo de armas menos letales se refiere y consideramos esto un vacío importante. No son lo mismo los dispositivos para causar descargas eléctricas (como las pistolas TASER), que los dispositivos de impacto cinético (como los proyectiles de plástico o balas de goma), que los agentes irritantes (como el gas lacrimógeno o el gas pimienta)”, señaló el organismo.
También se advirtió sobre el “uso indiscriminado” que podría darse a esas armas no letales, lo que potenciaría “el abuso y otras formas de violencia institucional debido a su capacidad de infligir dolor sin dejar señales importantes”. También, que podrían usarse como “elemento de tortura”. Entre otros puntos, el Comité además señaló que para el uso de ese tipo de armamento deben considerarse “posibles daños posteriores” debido a que, aplicada sobre determinadas personas, podría resultar letal.
Tampoco dejó sin mencionar que, en los Estados Unidos, el uso de armas paralizantes está dirigido, principalmente, a poblaciones de color, árabes y latinos. “¿Sería válido transpolar esta actitud racial a nuestro país pensando en los barrios más marginados y los potenciales sujetos sobre los que este tipo de armas podría llegar a utilizarse?”, se preguntó. “Hay suficientes investigaciones en Argentina y en Neuquén sobre la criminalización de los sectores empobrecidos, marginados y vulnerables de la sociedad, como el de la socióloga neuquina Emilia Alfieri y su estudio sobre la violencia policial en Neuquén”, argumentó.
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