El Gobierno Nacional decretó que el crimen de Humberto Viola por la ERP fue un delito de lesa humanidad

Una de las críticas principales que tiene el Gobierno Nacional es que no reconoce los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar y afirma que no fueron 30 mil desaparecidos. Es por eso que, en el Día de la Memoria, las autoridades nacionales desafían a la oposición con una declaración sobre un crimen de hace más de 50 años.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló en la jornada de hoy en su típica conferencia en representación del Estado y reveló que buscarán que se reconozca como delito de lesa humanidad el asesinato del capitán Humberto Viola en Tucumán junto a su hija. El hecho se produjo en 1974, por lo que fue antes de la dictadura y, además, fue en plena administración de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez, por lo que ese podría ser el objetivo del Gobierno Nacional.

Lo que todavía no fue confirmado es si esto será solamente de manera pública, tal como lo hizo Adorni actualmente, o se realizará un pedido formal a la Justicia para que confirme esto. Cabe señalar que también falleció su hija en pleno ataque y los causantes del atentado se disculparon por los excesos cometidos contra la menor y el resto de la familia de Viola, quienes terminaron con heridas.

¿Qué es lo que sucedió y que dice el Gobierno Nacional?
El hecho al que apunta la presidencia de Javier Milei ocurrió el 1° de diciembre de 1974 cuando el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) interceptó el automóvil en donde viajaba Viola con su esposa y las hijas de la pareja, de tres y cinco años de edad. El capitán se dirigía a casa de sus padres y fueron sorprendidos por tres autos con ametralladoras.

Nunca se supo el motivo real de este atentado, pero se cree que es por una supuesta traición de Viola. Como resultado del ataque, junto al capitán también falleció la menor de tres años, mientras que la hija mayor recibió un balazo y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente ocho veces durante los cuatro meses de coma que vivió.

La única ilesa de cualquier complicación física fue la madre de las niñas, quien se mantuvo viva hasta el año pasado y durante décadas luchó para que los culpables sean encarcelados y se tenga en cuenta este delito como un crimen de lesa humanidad. Hoy en día María Fernanda, quien cumplirá 56 años, reconoció que desde el atentado tiene menos huesos en su cabeza y disminución visual porque la bala tocó su nervio óptico.

En cuanto a los responsables, un grupo de seis hombres fueron arrestados y llevados a un centro clandestino de Famaillá, donde funcionaba una escuela. Ahí se declararon culpables, aunque después afirmaron que todo esto fue por las presiones y torturas de los efectivos. En 1990, después de 15 años de prisión, el Gobierno Nacional que dirigía Carlos Saúl Menem los indultó a todos.