Aunque sea un conflicto que sucede a miles de kilómetros, la lucha entre Israel y Palestina también toca de cerca a la política de Argentina. No necesariamente con temas que afecten a los ciudadanos, pero sí con políticos que apoyan a uno u otro bando. Vanina Biasi, por ejemplo, ha sido una fiel defensora del pueblo palestino, pero eso la podría llevar a tener un gran problema.
La candidata que encabezará la lista del Frente de Izquierda en las próximas elecciones bonaerenses fue procesada por expresiones antisemitas. Este revés recibido a pocos meses de los comicios fue gracias al juez federal Daniel Rafecas, quien determinó que Vanina Biasi violó la ley 23.592 mediante tuits vertidos en su perfil de X, donde constantemente mostró su apoyo por Palestina con agravios al pueblo israelí.
Las expresiones que escribió relacionan al Estado de Israel con el régimen nazi que encabezó Adolf Hitler en Alemania hace casi 100 años. En ese sentido, según el magistrado, apuntó que los políticos que dirigen los destinos de este país europeo son genocidas y también consideró que la matanza indiscriminada en la Franja de Gaza es equitativa al Holocausto.
Por ese motivo, Rafecas procesó a la política de izquierda y también le trabó un embargo por la suma de 10 millones de pesos a la espera de poder realizar un juicio oral y público más adelante. Si bien existe el principio de libertad de expresión, el juez federal entiende que trasgredió los límites y perjudicó a la comunidad judía que sigue conmocionada por los constantes ataques antisemitas en su contra.
Uno de los tuits más polémicos había sido publicado en noviembre de 2023, cuando Emily Hand apareció con vida después de rumores de haber sido abatida por Hamás. En ese momento, Vanina Biasi escribió que "todo era una construcción de la narrativa sionista a la que poco le importa la vida de la gente y su sufrimiento", ganando el repudio de miles de personas y provocando esta situación judicial.
¿Qué dice la ley 23.592 por la que Vanina Biasi es procesada?
La Ley 23.592 fue instalada en 1988 y penaliza los actos discriminatorios hacia otras personas y grupos minoritarios. Esto incluye actos u omisiones sobre temas de raza, nacionalidad, religión, sexo, opinión política, carácter físico y condición social o económica.
En ese sentido se apoya sobre el artículo 16 de la Constitución Nacional de Argentina, la cual establece claramente que "Argentina no admite prerrogativas de sangre ni nacimiento" y define que "todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad".
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