Manuel Adorni confirmó que el Gobierno Nacional evalúa un aumento en las pensiones por discapacidad

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles que el Gobierno Nacional avanzará con el debate sobre un incremento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, una medida que busca reforzar la cobertura y mejorar la atención en todo el país.

"Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento permitiría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual", señaló el funcionario en su habitual conferencia de prensa y sumando un capítulo a la polémica. La decisión se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de ordenar el sistema y, al mismo tiempo, destinar mayores recursos a los sectores más vulnerables, aunque seguidores opositores afirman que esta decisión sobre discapacidad responde a la campaña por las elecciones.

Adorni explicó que la posibilidad de otorgar este aumento se apoya en los ahorros obtenidos a partir de la auditoría de las pensiones por invalidez mal otorgadas y de la eliminación de lo que calificó como "curros de muchos años". De esta manera, según sostuvo, el Gobierno busca reorientar los fondos hacia quienes realmente necesitan las prestaciones. Además, remarcó que el plan oficial incluye una agenda más amplia de mejoras, con foco en la transparencia del sistema y en el uso responsable de los recursos públicos, un discurso que se alinea con la política de austeridad defendida por el presidente Javier Milei.

 De este modo, se podría declarar la emergencia en discapacidad.
El anuncio se dio en la previa de la sesión clave en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará revertir los vetos presidenciales a la ley de emergencia en discapacidad, la moratoria previsional y el aumento para jubilados. En el caso de discapacidad, el proyecto aprobado en julio había contado con una mayoría amplia y proponía declarar la emergencia en el sector hasta 2027. Entre los puntos principales figuraban el incremento de las Pensiones, la actualización automática de aranceles a prestadores, la modernización de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la agilización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el cumplimiento del cupo laboral del 4 % en el sector público.

El Gobierno Nacional vetó la norma argumentando su impacto fiscal, calculado entre 0,22 % y 0,42 % del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, para insistir con la sanción original, la oposición necesita alcanzar una mayoría especial de dos tercios de los votos tanto en Diputados como en el Senado. El tema genera consenso entre bloques opositores y el respaldo de algunos gobernadores, lo que abre un escenario de tensión política y la posibilidad de que el veto sea revertido, algo que el oficialismo intentará evitar a toda costa.