El Gobierno pausó la auditoría sobre las pensiones por discapacidad: que pasará a partir de ahora

El Gobierno decidió suspender de manera temporal la auditoría que venía realizando sobre las pensiones por discapacidad vigentes en todo el país. La medida se tomó mientras se lleva adelante una investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo que estaba a cargo de esos controles y que quedó bajo intervención, luego de que se conocieran audios que comprometen a su exdirector, Diego Spagnuolo, en un supuesto entramado de corrupción ligado a la compra de medicamentos.

Con esta decisión, se congelan los procesos de revisión de las pensiones por discapacidad, al menos, hasta que finalice el análisis sobre cómo funcionaba la agencia. En paralelo, se abrió un examen detallado de las gestiones previas, que apunta a detectar irregularidades tanto en el otorgamiento de beneficios como en las contrataciones que manejaba la entidad.

Hasta ahora, la ANDIS había dado de baja más de 128 mil pensiones por discapacidad que habían ingresado con irregularidades. Una gran parte correspondía a pensiones mal otorgadas por documentación repetida o inconsistencias médicas; otras eran asignaciones a personas ya fallecidas; y también se detectaron casos de ciudadanos que habían renunciado voluntariamente al beneficio pero seguían en los registros.

Sin embargo, tras la filtración de los audios de Spagnuolo, el Ministerio de Salud resolvió revisar nuevamente esas bajas. La decisión busca determinar si dentro del proceso se tomaron medidas apresuradas.

Por ahora, los controles presenciales y las citaciones a los beneficiarios quedaron en pausa. Eso significa que los más de un millón de argentinos que cobran este tipo de pensión no contributiva no tendrán, en lo inmediato, nuevas instancias de revisión. Tampoco se avanzará con la idea de transformar la agencia en un área interna del ministerio, ya que para eso se necesitaría un aval legislativo que hoy el oficialismo no tiene garantizado.

Mientras tanto, el Senado volvió a poner en agenda la discusión sobre los derechos de las personas con discapacidad. En la última sesión, la oposición logró reactivar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que extiende beneficios y actualiza aranceles hasta 2026. La votación fue contundente y cruzó a varios bloques políticos, dejando en claro que el tema trasciende las diferencias partidarias.