El Gobierno ordenó desclasificar toda documentación vinculada de las Fuerzas Armadas durante la última Dictadura

El Gobierno Nacional ha decidido desclasificar toda la documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Esta medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca cumplir con el Decreto 4/2010, firmado hace 15 años pero nunca implementado en su totalidad.

La documentación, que hasta ahora estaba bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), será transferida al Archivo General de la Nación. Según el Gobierno, este traspaso permitirá que los archivos estén "al servicio de la memoria y no de la manipulación política". Además, se enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, tanto en el ámbito penal como civil.

Implicancias y reacciones

La desclasificación de estos archivos podría tener un impacto significativo en varios frentes. Por un lado, representa un avance en el acceso a la verdad histórica, permitiendo a investigadores, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos acceder a información clave sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. Por otro lado, podría abrir nuevas investigaciones judiciales y reactivar casos que permanecían estancados por falta de pruebas documentales.

Sin embargo, la medida también ha generado controversia. Algunos sectores han cuestionado las intenciones políticas detrás del anuncio, mientras que otros han expresado preocupación por el manejo y la interpretación de la información desclasificada. En paralelo, el Gobierno ha reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra el capitán Humberto Viola como un crimen de lesa humanidad, lo que podría sentar precedentes legales importantes.

Opiniones de actores políticos

El presidente Javier Milei destacó que esta medida es un paso hacia la transparencia y la justicia, afirmando que "contar la historia completa es una tarea crucial en este camino". Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, los archivos desclasificados no deben ser utilizados como "botín de guerra" y su apertura garantizará "una memoria sin manipulación política".

Por otro lado, trabajadores del Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA) calificaron la medida como "pura demagogia", argumentando que busca garantizar la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad. También señalaron que la falta de personal especializado en el Archivo Nacional de la Memoria podría dificultar el manejo adecuado de la información.

Desde la oposición, algunos legisladores han expresado escepticismo sobre las verdaderas intenciones del Gobierno. Mientras tanto, organismos de derechos humanos y movimientos sociales han reiterado su compromiso con la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, destacando la importancia de que los archivos sean accesibles para la sociedad.

Un contexto de memoria y reflexión

El anuncio coincidio con el aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una fecha que invita a la reflexión sobre los valores de memoria, verdad y justicia. En este contexto, la desclasificación de archivos se presenta como una oportunidad para fortalecer el compromiso del país con los derechos humanos y la transparencia histórica.

Aunque el camino hacia la reconciliación y la justicia es complejo, esta decisión marca un hito en la búsqueda de respuestas y en el reconocimiento de las heridas del pasado.

¿Será este el inicio de una nueva etapa en la relación de Argentina con su historia reciente? Solo el tiempo lo dirá.