Glaciares en remate: Argentina venderá barato lo que Chile protege con astucia?

En la Argentina, cada vez que se menciona la palabra “glaciar” en una reunión de empresarios mineros, se produce un silencio incómodo. No es para menos: la Ley 26.639, sancionada en 2010, se convirtió en una suerte de muralla legal que impide —o al menos complica— el avance de proyectos extractivos en zonas de alta montaña. Y en un país que sueña con convertirse en potencia exportadora de cobre, ese detalle no es menor. Mientras tanto, del otro lado de la Cordillera, Chile hace caja con el “metal rojo” y lidera el ranking mundial sin que sus glaciares desaparezcan del mapa. ¿Qué estamos haciendo mal?

El cobre, ese objeto de deseo

El cobre no es cualquier mineral. Es el tercer más comercializado del mundo, después del hierro y el aluminio. Es esencial para la transición energética global: se lo necesita para autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y hasta para los cables que sostienen la digitalización del planeta. En este contexto, Argentina tiene una oportunidad de oro (o de cobre, mejor dicho): posee 4 de los 12 proyectos más prometedores del mundo, con inversiones comprometidas por más de 30.000 millones de dólares.
Pero hay un problema: muchos de esos proyectos están en zonas de glaciares o periglaciares. Y ahí entra en juego la famosa ley.

¿Qué dice la Ley de Glaciares?

La Ley 26.639 establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. Prohíbe expresamente actividades que puedan afectarlos, como la minería, el petróleo o cualquier otra que implique la liberación de sustancias contaminantes. Además, obliga a realizar un inventario nacional de glaciares, que se completó recién en 2018 y que identificó más de 16.000 cuerpos de hielo en todo el país.

El espíritu de la ley es claro: proteger el agua como bien común. Pero su aplicación ha sido todo menos sencilla. Las provincias mineras, como San Juan o Catamarca, la consideran un obstáculo para el desarrollo. Las empresas, por su parte, la ven como una amenaza jurídica permanente. Y el gobierno nacional, ahora bajo la presidencia de Javier Milei, parece decidido a “flexibilizarla”.

La motosierra glaciar

Según Bloomberg y medios especializados, el presidente Milei planea enviar al Congreso un proyecto para modificar la ley.

El objetivo: destrabar inversiones como la de El Pachón (Glencore, USD 9.500 millones) o Vicuña (BHP-Lundin), que están frenadas por estar en zonas protegidas. La jugada se enmarca en su cruzada desreguladora y en el intento de atraer dólares frescos a cualquier costo.

El gobierno ya ofreció a las mineras el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), que incluye beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Pero eso no alcanza si la ley impide directamente operar en ciertas áreas. Por eso, la presión para modificarla crece. Y con ella, también crecen las alarmas de ambientalistas, comunidades locales y expertos en derecho ambiental.

¿Es la ley demasiado estricta?

Los críticos de la ley argumentan que su redacción es ambigua y que el concepto de “ambiente periglacial” es demasiado amplio. En la práctica, dicen, se termina prohibiendo la minería en zonas donde no hay hielo visible, pero sí suelos congelados o con presencia estacional de agua. También cuestionan que el inventario fue realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que adoptó criterios conservadores.

Pero del otro lado, los defensores de la ley recuerdan que el agua es un recurso estratégico en un país que ya sufre estrés hídrico en varias regiones. Y que los glaciares no son solo postales turísticas: son reservas naturales que alimentan ríos, cultivos y comunidades enteras. Además, advierten que una vez que se destruye un glaciar, no hay vuelta atrás.

El espejo chileno: minería con glaciares

Chile es el mayor productor mundial de cobre. En 2023, exportó más de 40.000 millones de dólares en este mineral. Tiene empresas como Codelco, la mayor cuprífera del planeta, y una infraestructura minera desarrollada durante décadas. Pero también tiene glaciares. Muchos. De hecho, concentra el 82% de los glaciares de América del Sur.

¿Cómo hace entonces para conciliar minería y protección ambiental? La respuesta no es sencilla. Chile no tiene una ley de glaciares como la argentina. Recién en 2022 se discutió un proyecto para protegerlos, pero fue rechazado en el Congreso.

En su lugar, aplica normas ambientales generales y exige estudios de impacto ambiental rigurosos. En algunos casos, ha obligado a las mineras a modificar sus planes o a implementar medidas de mitigación costosas.

El caso más emblemático es el de Pascua Lama, un proyecto binacional entre Chile y Argentina que fue suspendido por la justicia chilena por afectar glaciares. La diferencia es que en Chile la suspensión fue producto de una evaluación caso por caso, mientras que en Argentina la ley directamente impide avanzar.

¿Proteger o producir?

La tensión entre desarrollo y ambiente no es nueva. Pero en el caso del cobre, se vuelve más aguda. Argentina necesita dólares, empleo e inversiones. Pero también necesita agua, ecosistemas sanos y legitimidad social. La pregunta es si es posible encontrar un equilibrio.

Algunos proponen una solución intermedia: mantener la ley, pero redefinir el concepto de “ambiente periglacial” con criterios más técnicos. Otros sugieren crear zonas de sacrificio, donde se permita la minería a cambio de compensaciones ambientales. Y los más críticos denuncian que todo intento de modificar la ley es una claudicación ante el lobby minero.

¿Y las comunidades?

En todo este debate, hay una voz que suele quedar relegada: la de las comunidades locales.

En San Juan, por ejemplo, muchas organizaciones sociales y pueblos originarios se oponen a los proyectos mineros por temor a la contaminación del agua.

En Catamarca, la experiencia de Bajo La Alumbrera dejó un sabor amargo.

Y en Mendoza, la movilización popular logró frenar la reforma de la Ley 7722, que protegía el agua frente a la megaminería.

La licencia social no se compra con dólares ni con spots publicitarios. Se construye con transparencia, participación y respeto. Y eso es algo que ni el RIGI ni las reformas exprés pueden garantizar.

¿Modelo chileno o camino propio?

La comparación con Chile es inevitable, pero también tramposa. Es cierto que el país vecino ha sabido aprovechar su potencial minero. Pero también ha pagado costos ambientales y sociales. Y hoy enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, en parte por la sobreexplotación de recursos.

Argentina tiene la oportunidad de aprender de esos errores. De diseñar un modelo de desarrollo que no repita las lógicas extractivistas del siglo XX. De apostar por una minería responsable, con reglas claras, controles efectivos y participación ciudadana.

Modificar la Ley de Glaciares puede ser una oportunidad o una trampa. Todo depende de cómo se haga, con qué objetivos y con qué garantías. Lo que no se puede hacer es avanzar a ciegas, con la motosierra en mano y sin mirar el mapa. Porque en la alta montaña, un paso en falso puede costar muy caro.

Por lo menos, así lo veo yo...