Neuquén: Estafa con planes sociales: las defensas pidieron penas mínimas y en suspenso para los condenados

Este viernes 4 finalizó la etapa de cesura en el juicio contra 12 imputados en la estafa con dinero de planes sociales de la provincia de Neuquén. Fue el turno de los alegatos de clausura de las defensas que solicitaron las penas mínimas. El jueves, la fiscalía había requerido condenas de entre 2 años y medio y hasta 6 años, pero de cumplimiento efectivo para todos.

Según informó el sitio oficial Noticias Jus Neuquen, en el último turno del jueves, la abogada Carolina Johansen había requerido 2 años de prisión condicional para Valeria Honorio y Emmanuel Victoria Contreras.

Este viernes, Pablo Gutiérrez solicitó también 2 años en suspenso para Tomás Siegenthaler, Julieta Oviedo y Laura Resnik y solicitó que se haga “un llamado de atención a la fiscalía por no haber justificado el apartamiento del mínimo al realizar su solicitud de pena”.

La abogada Laura Giuliani, solicitó para Néstor Pablos Sanz 3 años de prisión condicional y para Isabel Montoya el mínimo de 2 años de prisión condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta durante el período en que dure la condena.

Gonzalo Rodríguez, defensor del ex ministro de Desarrollo Social Orlando Abel Di Luca, solicitó que se imponga a su asistido una condena condicional de 2 años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Fabián Flores también solicitó 2 años de prisión condicional para Luis María Gallo y el cese del embargo de un vehículo.

En tanto que Luis Piombo, solicitó para Marcos Ariel Ozuna una pena de 2 años en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, y como co-defensor de Alfredo Cury requirió que se le imponga el mínimo de 2 años suspenso y que se rechace la solicitud de inhabilitación planteada por la fiscalía, por no haber sido planteado esto de manera previa y no haber acreditado que Cury fuese funcionario público.

Por último, Alfredo Cury en representación propia solicitó en primer lugar que “se considere una pena natural por el sufrimiento padecido durante el proceso a partir de la mediatización que la fiscalía hizo del caso”. Subsidiariamente solicitó la pena de 2 años en suspenso. Mientras que en representación de Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales Cury solicitó una condena de dos años en suspenso y también que se llame la atención a la fiscalía por "la difusión del pedido de penas excesivas sin justificar y generando falsas expectativas en la sociedad”.

El tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita cuenta con cinco días hábiles para dar a conocer las condenas para cada uno de los imputados y luego dispondrá de 10 días hábiles para enviar a las partes la sentencia escrita con los fundamentos completos de su resolución.

Los 12 imputados fueron encontrados culpables del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.