El Gobierno apura las medidas para acelerar el proceso de deportación de inmigrantes ilegales

El Gobierno avanza en una serie de medidas para agilizar los procesos de deportación de inmigrantes ilegales y endurecer las condiciones de residencia en el país. La iniciativa forma parte de una reforma migratoria que también incluye el cobro de aranceles en el sistema de salud y en las universidades para extranjeros no residentes.

En la Casa Rosada se estudian modificaciones en el título V de la Ley de Migraciones (25.871), específicamente en los artículos que regulan la permanencia de extranjeros y los procedimientos de expulsión. Uno de los objetivos principales es reducir la intervención de la Justicia en estos procesos, acelerando los tiempos de salida del país en casos de ilegalidad. La Dirección Nacional de Migraciones seguirá siendo la autoridad encargada de ordenar las deportaciones y de intervenir en la revisión judicial de cada caso.

Actualmente, la normativa exige que la Jefatura de Gabinete del Ministerio del Interior solicite a la Justicia la retención de un extranjero en situación irregular mediante una resolución. La Policía Migratoria Auxiliar se encarga de ejecutar los operativos y custodiar a los expulsados hasta su salida del país. La deportación conlleva una prohibición de reingreso que puede ser permanente o de hasta cinco años, dependiendo de los antecedentes del individuo.

La ley establece excepciones en casos en los que el extranjero tenga vínculos familiares con ciudadanos argentinos. Si una persona en proceso de expulsión es padre, hijo o cónyuge de un argentino, puede solicitar la suspensión de la medida. En estos casos, Migraciones debe verificar el vínculo en un plazo de 48 horas. Además, no pueden ser deportadas aquellas personas cuya permanencia esté respaldada por obligaciones contractuales laborales.

Otro de los puntos centrales del plan oficial es la implementación de un esquema más restrictivo para la entrega de ciudadanías y residencias a extranjeros. Las nuevas disposiciones afectarían a quienes buscan residencia permanente y a estudiantes extranjeros. Según el Gobierno, en la gestión anterior hubo falencias en el control de la documentación presentada por los solicitantes.

El Ejecutivo estudia diferentes opciones para concretar estos cambios. Si bien está previsto el envío de un proyecto de ley al Congreso, también se evalúa la posibilidad de realizar modificaciones mediante un decreto reglamentario. En este contexto, el borrador de la reforma ha pasado por distintas áreas clave del Gobierno, como el Ministerio de Justicia y la Jefatura de Gabinete del Interior.